Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) mandan un mensaje a los Estados miembros de la Eurozona: es hora de retomar las reformas estructurales, las cuales están diseñadas para reforzar la economía y mejorar su capacidad para alcanzar su crecimiento potencial de forma equilibrada.
Debemos señalar que el FMI es una organización internacional, la cual promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por los 189 países miembros a los cuales les rinde cuentas.
Ambos organismos han advertido esta semana que las economías de los países de la zona euro necesita reformas nacionales, para así solventar los desequilibrios que aun conllevan.
El informe que ha realizado el BCE indica que los gobiernos si realizaron grandes esfuerzos entre los años 2010 y 2013 para corregir desequilibrios acumulados de 1998 a 2008, pero que luego esta tendencia correctora se frenó.
«Desde 2014 muy pocos países seguían haciendo reformas y desde entonces el ritmo reformista se ha reducido significativamente a pesar de que las vulnerabilidades y los desequilibrios se mantienen elevados», indica el BCE, que urge a «reanudar el camino de las reformas estructurales para impulsar la oferta, reducir los desequilibrios y aumentar la resiliencia económica».
Cabe destacar que el BCE tiene un poder normativo, de forma que los Estatutos de la UE le conceden la capacidad para dictar reglamentos, decisiones, recomendaciones y dictámenes, tal y como estos actos son definidos en el artículo 288 TFUE.
En definitiva, el BCE puede dictar todo tipo de actos recogidos en el artículo anteriormente mencionado con excepción de las directivas.
- Reglamentos: son actos legislativos vinculantes. Deben aplicarse en su integridad en toda la UE.
- Directivas: son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos.
- Decisiones: son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen (un país de la UE o una empresa concreta) y son directamente aplicables.
- Recomendaciones: no son vinculantes y permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen.
- Dictámenes: son instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera no vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen. Los dictámenes no son vinculantes. Pueden emitirlos las principales instituciones de la UE.
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